Aprobaron una declaración de preocupación sobre amenazas de violencia en escuelas de la provincia
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La Legislatura de Córdoba aprobó este lunes, durante la 6ª sesión ordinaria correspondiente al 148º período legislativo de 2026, una declaración que expresa preocupación ante la situación de amenazas de violencia en establecimientos educativos de la provincia y solicita una campaña de concientización y prevención sobre este tipo de conductas.
El proyecto de declaración respectivo, iniciado por el legislador Ariel Grich, advierte sobre la reiteración de estas situaciones intimidantes en colegios, particularmente en relación a los hechos recientes ocurridos en una institución escolar del departamento Río Cuarto, donde se detectaron mensajes con amenazas de tiroteos, lo cual generó un estado de alarma en la comunidad educativa.
Además, la declaración aprobada solicita al Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Educación y organismos competentes, implemente y/o refuerce una campaña provincial de concientización masiva dirigida a las familias, orientada a la prevención de este tipo de conductas, especialmente aquellas vinculadas al uso de redes sociales y desafíos virales que promueven conductas riesgosas o disruptivas.
Según lo previsto, esta campaña deberá articularse con las instituciones educativas e informar sobre riesgos y consecuencias de estas conductas intimidantes; promover el uso responsable de redes sociales; brindar herramientas a los padres y tutores para acompañar a sus hijos; y fomentar la construcción de entornos digitales y escolares seguros.
Reforma penal sobre falsas denuncias
El pleno también aprobó un proyecto de resolución de la legisladora Karen Acuña que instruye a los senadores nacionales por Córdoba, en el marco del artículo 104, inciso 5 de la Constitución Provincial, a rechazar el proyecto de ley S-228/25, en tratamiento en el Senado de la Nación, que propone modificar el Código Penal en materia de “falsas denuncias” vinculadas a la violencia de género. La iniciativa fija una posición institucional clara de la Legislatura frente a una reforma penal de alcance nacional.
Al respecto, se planteó la necesidad de analizar su adecuación a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, que establecen obligaciones específicas en materia de protección frente a la violencia de género.
En este marco, se expuso la importancia de fortalecer las condiciones de acceso a la justicia y los mecanismos de protección, en lugar de introducir cambios que puedan afectar la respuesta institucional frente a la violencia de género.
