
En su 8ª sesión ordinaria correspondiente al 148° período legislativo de 2026, este jueves la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad una ley que establece el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos y modifica la Ley 8.123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Se sancionó con el consenso de los distintos bloques legislativos.
A esta nueva ley se la conocerá, de ahora en más, como “Ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani, el adolescente que fue asesinado el 29 de junio de 2023 por un amigo también adolescente y compañero de escuela en la ciudad de Laboulaye.

La ley establece, en el ámbito de la provincia de Córdoba, un régimen de orden público e integral de derechos, garantías, asistencia, protección y reparación para las personas víctimas de delitos, asegurando su ejercicio efectivo y su participación informada en el proceso penal, en armonía con el ordenamiento vigente.
La nueva normativa fue posible a partir de un proyecto iniciado por el Ejecutivo provincial y de varios proyectos compatibilizados de los legisladores Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.
La sesión fue encabezada por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y arrancó pasadas las 14 de este jueves. Por momentos, también fue conducida por el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas.

En el recinto legislativo estuvo presente la familia de Joaquín Sperani, más exactamente Martín Sperani (padre), Mariela Flores (madre) y Nahuel Sperani (hermano), quienes celebraron la aprobación de la nueva ley.
También participaron el secretario de Justicia de Córdoba, Leandro Goria; la subsecretaria de Asistencia a las Personas, Alicia Salusso, y el director de Política Judicial y Reforma Procesal, Pablo Sánchez Latorre, ambos del Ministerio de Justicia y Trabajo; la defensora Pública Penal, Ana Pagliano; el concejal de Laboulaye, Matías Trobatto; además de Macarena López y Paola Pellegrini en representación de la Fundación Estrellas Amarillas.

Aspectos principales
La “Ley Joaquín” propicia un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, a fines de reconocer, ordenar y hacer operativos estándares mínimos de tutela en materia de trato digno, información, participación, asistencia, protección y reparación, de manera de asegurar su efectividad en el proceso penal, en armonía con el ordenamiento vigente y con las garantías del debido proceso.
Más precisamente, establece patrones de actuación para operadores estatales (judiciales y administrativos) orientados a asegurar, desde el primer contacto, una información clara y comprensible; a garantizar condiciones de accesibilidad y la provisión de apoyos cuando existan barreras; a reducir al mínimo las molestias derivadas de la intervención de la víctima y prevenir su revictimización; a disponer, con urgencia y proporcionalidad, medidas idóneas de protección; a asegurar una asistencia integral con enfoque interdisciplinario; y a promover vías efectivas de reparación del daño.




